Impactos de la OC en la atención sanitaria de la mujer

Debido a que la salud reproductiva se proporciona en gran medida a las mujeres, la OC en este campo tiene implicaciones en los derechos humanos de las mujeres y constituye objeto de discriminación. A menudo se espera que las mujeres desempeñen el papel de maternidad, por lo que frecuentemente se encuentran con ignorancia, desaprobación o incluso hostilidad cuando solicitan el aborto. En estas circunstancias, el ejercicio de la OC se convierte en una iniciativa paternalista para obligar a las mujeres a dar a luz.

Los rechazos para facilitar anticoncepción de emergencia también obligan a las mujeres a enfrentarse a embarazos no deseados, y las referencias a otras farmacias pueden causar retrasos que reducen la efectividad de la medicación. Las recetas para el control de la natalidad o anticoncepción de emergencia han sido rechazadas por los farmacéuticos antiabortistas en Estados Unidos (Planned Parenthood (Afiliados de New Jersey), 2005) y ocasionalmente en otros países como Reino Unido (Brooke, 2010) y Nueva Zelanda (Sparrow, 2012). Al menos seis estados de Estados Unidos permiten explícitamente a los farmacéuticos negarse a dispensar la anticoncepción (Guttmacher Institute, 2013a). Al igual que con el aborto, la negativa a dispensar la anticoncepción no es un mero inconveniente para las mujeres, sino que causa un daño real a su autonomía reproductiva, su sentido de seguridad y su identidad moral como personas que merecen ser tratadas respetuosamente cuando solicitan servicios de salud sexual y reproductiva (McLeod, 2010). Los enfrentamientos públicos con los farmacéuticos objetantes comprometen la confidencialidad del paciente y pueden avergonzar o humillar a las mujeres.

La presunción de que sólo una pequeña minoría de profesionales de la salud ejercerá OC y que otros estarán disponibles para realizar el servicio médico coloca OC limitada sobre una base de arena cambiante, revelando aún más su naturaleza contradictoria y peligrosa. De hecho, la OC puede llegar a ser bastante generalizada, dejando a las mujeres sin acceso a servicios en regiones enteras. En Italia, el 69% de todos los ginecólogos se niegan a practicar abortos, con una cifra que supera el 80% en algunas regiones (Ministerio de Sanidad de Italia, 2007-2008).
En Austria, los proveedores de aborto deben viajar de Viena a Salzburgo una vez a la semana para practicar abortos en un hospital público, debido a que los ginecólogos de la región invocaron la CO tras la intensa presión de la Iglesia Católica y los grupos antiabortistas. El aborto no está disponible en otras partes de Salzburgo o en el condado circundante (Fiala, 2013).

El ejemplo de Sudáfrica es una lección importante en la naturaleza antidemocrática de la OC y el impacto negativo que puede tener sobre las mujeres. El aborto fue ilegal durante el Apartheid, y una de las primeras acciones del recién elegido gobierno democrático fue legalizar el aborto para mejorar la salud de la mujer (en 1996). Pero los grupos religiosos montaron campañas contra el aborto que redujeron significativamente el número de proveedores dispuestos. Como resultado, la mayoría de los profesionales de la salud que deberían ser responsables de realizar abortos se niegan a participar. Debido a la laxitud otorgada a la OC en Sudáfrica, casi un tercio de las mujeres sudafricanas creen que el aborto todavía está prohibido, los abortos ilegales parecen ser más comunes que los legales (van Bogaert, 2002) y las mujeres que acuden a los hospitales públicos con complicaciones son a menudo maltratadas y avergonzadas (SANGONeT, 2012).

En los países con una minoría de médicos antiabortistas, las mujeres pueden sufrir dificultades que van más alla de un breve retraso y un menor inconveniente, incluso si el médico hace una derivación. Las mujeres pueden cargar con costes adicionales, como por ejemplo en viajes o guarderías, y la necesidad de coger más tiempo libre en su trabajo si necesitan encontrar y llegar a otro médico o clínica. El retraso en el acceso al aborto también puede ocacionar una morbilidad significativa. Esperar más semanas o incluso meses para el procedimiento aumenta el riesgo médico de aborto y puede requerir un método más complicado (por ejemplo, dilatación y curetaje en lugar de por succión) (Cheng, 2008). Además, el retraso puede acarrear síntomas debilitantes como náuseas severas y trastornos psicológicos de un embarazo en desarrollo que desean terminar. También pueden necesitar ocultar el embarazo de los empleadores, amigos y miembros de la familia.

Las mujeres de bajos ingresos y provenientes de entornos rurales resultan las más afectadas por el ejercicio de la OC, ya que esas mujeres pueden no tener recursos para buscar servicios en otros lugares. También afecta desproporcionadamente a las mujeres pertenecientes a minorías étnicas y a las mujeres que sufren violencia por parte de su pareja o violación sexual, que tienen el doble de probabilidades de necesitar servicios de aborto que las mujeres que no experimentan tal violencia (Organización Mundial de la Salud, 2013).

Por último, permitir la OC en el aborto ignora las realidades del acceso deficiente al aborto y el impacto negativo de permitir la OC en ese ambiente. El aborto es probablemente el procedimiento médico más restringido en el mundo, a pesar de ser uno de los más comunes – y uno que sólo las mujeres necesitan, a menudo desesperadamente. En este contexto, los gobiernos y los sistemas de salud tienen una obligación aún mayor de garantizar que el aborto esté totalmente disponible y sea accesible. En cambio, el aborto es frecuentemente señalado como el principal o único objetivo de la OC en muchos países, reduciendo aún más el acceso.

Fuente: Fiala C, Arthur JH. ‘‘Dishonourable disobedience’’ (“Inmoral desobeciencia”) – Por qué negarse a proporcionar tratamiento en salud reproductiva no es objeción de conciencia. Mujer – Psychosom Gynaecol Obstet (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.woman.2014.03.001

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Impactos de la OC sobre la autonomía de las mujeres y los derechos humanos

El aborto es una intervención de salud necesaria, así como altamente ético. Las mujeres con embarazos deseados pueden experimentar serias complicaciones médicas o fetales hasta el punto en que el aborto se convierte en el ”estándar de atención” – un servicio médicamente requerido y basado en evidencia que cualquier profesional debería facilitar. La OC socava el estándar de atención al prevenir que los pacientes reciban información precisa e imparcial sobre sus opciones de tratamiento e inhibiendo su capacidad para acceder a dicho cuidado (Weitz y Berke Fogel, 2010).

La terminación del embarazo no deseado es ética porque las mujeres lo hacen sólo si no ven ninguna manera responsable de cuidar a ese niño potencial. Protege a sus familias y su futuro, ya que las mujeres pueden tener hijos que apenas pueden permitirse cuidar, o pueden querer retrasar a su primer hijo hasta que terminen la escuela (Finer et al., 2008). Su decisión está bien pensada y basada en circunstancias personales que sólo ellos pueden valorar plenamente. Una vez que se toma la decisión de terminar, la mayoría de las mujeres se esforzará por llevarlo a cabo, independientemente de la ley o el riesgo para su seguridad. A nivel mundial, el 40% de todos los embarazos son no deseados (Guttmacher Institute, 2011). Más de la cuarta parte de todas las mujeres embarazadas tendrán un aborto o un parto no deseado (Koyama y Williams, 2005), pero el 49% de los 43,8 millones de abortos que ocurren cada año son inseguros y en su mayoría ilegales (Sedgh et al., 2012). Unas 47.000 mujeres mueren anualmente por abortos inseguros (Shah y Ahman, 2010) y 8.5 millones resultan heridas (Guttmacher Institute, 2010). Esta es la razón por la cual la legalización del aborto tiene un impacto dramático en cuanto a salvar la vida de las mujeres y la mejora de su salud, fenómeno que ha sido demostrado en docenas de países durante las últimas décadas. A nivel internacional, las mujeres han consolidado sus derechos humanos y la igualdad constitucional en la mayoría de los países occidentales, y el ejercicio de la OC infringe esos derechos. El acceso al aborto (y la anticoncepción) libera a las mujeres para tener una educación y una carrera y para participar plenamente en la vida pública, promoviendo así su igualdad, libertad y otros derechos humanos. Permite a las mujeres planificar y asistir mejor a sus familias (más de la mitad de las mujeres que solicitan un aborto ya tienen al menos un hijo (Guttmacher Institute, 2013b)), lo que también beneficia a toda la comunidad y la sociedad. Los nacimientos de niños no deseados pueden ser perjudiciales para las mujeres a las que se les negó el aborto (ya sus familias), lo que conduce a un mayor riesgo de pobreza, complicaciones de salud y violencia doméstica (Foster et al., 2012). Los niños no deseados tienen un mayor riesgo de sufrir disfunciones durante toda su vida, incluyendo abusos o abandono, desventajas emocionales y retrasos de desarrollo intelectual y educativo (Arthur, 1999; David, 2011).

Además, la decisión de abortar está estrechamente vinculada a circunstancias sociales y económicas, y el apoyo o el desamparo de las sociedades en que viven las mujeres. Las mujeres tienen más probabilidades de experimentar un embarazo no deseado y buscar el aborto si son adolescentes, con escasos recursos, o si tienen vidas caóticas o una pareja que abusa de ellas, o tienen un acceso restringido a la anticoncepción (Major et al., 2009).

Históricamente, uno de los principales objetivos de los viejos gobiernos era aumentar su población, con poca o ninguna consideración por la calidad de vida de las mujeres y sus hijos. Las antiguas monarquías, dictaduras y países beligerantes querían que los soldados aumentaran sus imperios y sirvieran de carne de cañón (Museo de la Contracepción y el Aborto, 1916). Este conflicto fundamental entre el Estado y el individuo dio lugar a leyes en casi todos los países que esencialmente obligaban a las mujeres a tener más hijos de lo que querían. En el último siglo se han hecho muchos progresos, con muchos países liberalizando sus leyes de aborto. En 2010, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud pidió la despenalización inmediata del aborto en todo el mundo porque las restricciones legales tenían efectos discriminatorios y estigmatizantes y violaban el derecho a la salud al conllevar muertes y lesiones prevenibles). Canadá ya derogó completamente su ley en 1988 y nunca la reemplazó, demostrando que las leyes de aborto penal son innecesarias y contraproducentes. La Corte Suprema de Canadá dijo: “Forzar a una mujer, por medio de una amenaza de sanción penal, a llevar un feto a término a menos que cumpla ciertos criterios ajenos a sus propias prioridades y aspiraciones, es una profunda interferencia con el cuerpo de una mujer y la su seguridad de su persona” (Coalición de Derechos del Aborto de Canadá, 2013).

Actualmente en los países occidentales, el movimiento antiabortista quiere que las mujeres tengan hijos para revertir la disminución de los niveles de población y mitigar los efectos de un envejecimiento demográfico. La invocación de la OC es una estrategia para lograr este objetivo. Pero la historia proporciona una amplia evidencia de la ineficacia de tales estrategias restrictivas y las consecuencias catastróficas que conllevan. Quizás el más conocido “experimento social” tuvo lugar en Rumanía entre 1966 y 1990. El ex dictador Nicolae Ceausescu decidió aumentar la población criminalizando la anticoncepción y el aborto. Las mujeres fueron incluso sometidas a exámenes ginecológicos regulares para detectar cualquier embarazo. Pero las redes clandestinas de abortos se multiplicaron (como ocurre en cualquier sociedad donde el aborto está prohibido), y en el transcurso de 20 años, unas 10.000 mujeres murieron innecesariamente como consecuencia de abortos ilegales. Como consecuencia de muchos embarazos no deseados llevados a término, los orfanatos estatales fueron abrumados con decenas de miles de niños abandonados cada año, la mayoría de los cuales terminó viviendo en la calle (Embajada de los Estados Unidos, 2001, Westend Film + TV Produktion, 2004)

Las objeciones antiabortistas se basan en una negación de esta evidencia y experiencia histórica. La provisión de un aborto seguro y legal es un interés público vital que niega cualquier motivo para la OC.

Fuente: Fiala C, Arthur JH. ‘‘Dishonourable disobedience’’ (“Inmoral desobeciencia”) – Por qué negarse a proporcionar tratamiento en salud reproductiva no es objeción de conciencia. Mujer – Psychosom Gynaecol Obstet (2014),http://dx.doi.org/10.1016/j.woman.2014.03.001

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Efectos de la OC en la provisión de aborto

El ejercicio de la OC puede agravar la falta de acceso a servicios de aborto al reducir aún más el grupo de proveedores. Incluso los médicos proelección pueden negarse o ser incapaces de proveer servicios de aborto por una variedad de otras razones además de la OC, la mayoría de las cuales son exclusivas del aborto debido a su naturaleza politizada.

El estigma y los conceptos erróneos en torno al aborto convierten a la OC en una solución atractiva para los proveedores de atención médica individuales (reforzando irónicamente esas actitudes y creencias negativas). Permitir la OC también fomenta negativas oportunistas – los médicos que son ambivalentes acerca del aborto pueden comenzar a acogerse a la OC cuando se les presenta esa opción, lo que hace muy difícil detener su crecimiento (Millward, 2010). La negativa a practicar o asistir en el aborto a menudo no se relaciona con creencias personales. La mayoría de los médicos proelección que deberían o podrían realizar abortos (obstetras / ginecólogos y médicos generalistas) nunca los hacen, a menudo porque temen que su reputación o su vida se vean afectados debido al estigma social. En América del Norte, la atmósfera de miedo e intimidación creada por los extremistas antiabortistas ha agravado la escasez de proveedores. La bien divulgada violencia contra los proveedores da a los doctores una amplia razón para negarse a practicar abortos, independientemente de sus creencias personales.

Los médicos que invocan la OC para no realizar abortos pueden beneficiarse profesionalmente al pasar más tiempo proporcionando tratamientos de mayor “reputación” o de estatus más alto en comparación con sus colegas que ofrecen abortos. Como resultado, pueden escapar del estigma y impulsar sus carreras, reputaciones y salarios.

Los médicos que, sin embargo, quieren proporcionar servicios de aborto pueden verse afectados por impedimientos impuestos por su centro de salud o empleador por una variedad de razones, o por la falta de apoyo de sus contactos sociales o profesionales (Joffe, 2009). Los médicos citan obstáculos tales como un clima antiabortista en su lugar de trabajo y generalizadas “políticas anti-aborto” que existen en muchos hospitales y clínicas privadas (Coletti, 2011), que pueden amenazar a los profesionales de la salud con el despido inmediato si proporcionan cualquier tratamiento prohibido. Además, muchos médicos son simplemente incapaces de encontrar trabajo o formación en un ambiente donde el aborto es legalmente restringido y estigmatizado.

La falta de formación y experiencia es una razón común para no hacer abortos, a pesar de que el aborto temprano es un procedimiento simple y los médicos rutinariamente tratar el aborto con las mismas técnicas que para el aborto quirúrgico. En general, sin embargo, el entrenamiento específico en técnicas comunes de aborto, como la succión, es a menudo inadecuado o inexistente, incluso en muchos países occidentales (Koyama y Williams, 2005).

Cuando el acceso al aborto es reducido, restringido y estigmatizado de muchas maneras, permitir cualquier grado de OC agrava la abrogación ya seria de los derechos de los pacientes y la ética médica.

Fuente: Fiala C, Arthur JH. ‘‘Dishonourable disobedience’’ (“Inmoral desobeciencia”) – Por qué negarse a proporcionar tratamiento en salud reproductiva no es objeción de conciencia. Mujer – Psychosom Gynaecol Obstet (2014),http://dx.doi.org/10.1016/j.woman.2014.03.001

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OC institucional y violación del derecho a la conciencia pro-elección

La mayoría de las leyes y políticas de OC protegen a los profesionales de la salud que se niegan a participar en un servicio médico determinado como el aborto, pero no protegen a aquellos que están dispuestos a realizar tales intervenciones. El bioeticista Bernard Dickens se refiere a la postura del personal sanitario pro-elección como “compromiso consciente”, señalando que “la religión no tiene el monopolio de la conciencia”. Por ejemplo, muchos médicos y personal sanitario que trabajan en entornos ilegales en todo el mundo han practicado abortos seguros a mujeres que los necesitan desesperadamente. “Los médicos conscientemente comprometidos a menudo necesitan coraje para actuar en contra de la prevalente ortodoxia legal, religiosa e incluso médica, siguiendo la honorable ética médica de colocar los intereses de los pacientes por encima de los suyos” (Dickens, 2008). Estos profesionales merecen la protección legal e institucional de su compromiso con sus pacientes. La doctora Lisa H. Harris también reconoció que los doctores pueden ser obligados por la conciencia a prestar servicios de aborto, señalando que la “ecuación unilateral de conciencia con la falta de aborto contribuye a la estigmatización de los proveedores de aborto”, lo que lleva a una escasez de proveedores e incluso al acoso y la violencia (Harris, 2012).

Un ejemplo excelente de negar un derecho a la conciencia a favor de la elección es cuando los sistemas de salud como los hospitales católicos reclaman el derecho a ejercer su “conciencia” al negarse a prestar algunos servicios de salud reproductiva y luego imponerlo a su personal y a sus pacientes independientemente de las sus creencias personales. Tales políticas pueden incluso no ser escritas porque se basan en las creencias religiosas personales de los administradores del hospital (Nowicka, 2008). En Austria, casi todos los hospitales, tanto católicos como públicos, se niegan a practicar abortos legales (Wimmer-Puchinger, 1995), y el director de un hospital católico incluso admitió en una entrevista con los medios que un médico sería despedido por practicar un aborto (Pongauer Nachrichten, 2004).

Sin embargo, muchos médicos católicos creen que están ayudando a las mujeres y salvando vidas al practicar abortos, y prohibirles hacerlo – incluso para salvar la vida de una mujer – sería una violación de sus propias creencias religiosas, así como la ética médica y la directiva de “no hacer daño”. De hecho, el 37% de los obstetras / ginecólogos que practican en instituciones religiosas afiliadas han tenido un conflicto con su institución sobre sus políticas doctrinales (no sólo en cuanto al aborto), incluyendo el 52% de los obstetras / ginecólogos en instituciones católicas (Stulberg et al., 2012).

En un hospital católico de Arizona, una monja a cargo del comité de ética del hospital fue ”automáticamente excomulgada” y ”despedida” después de decidir salvar la vida de una mujer practicando un aborto de emergencia. Como castigo adicional, el obispo local incluso revocó la designación católica del hospital (Associated Press, 2010). En Alemania, dos hospitales católicos separados se negaron a proporcionar a una mujer violada un examen ginecológico para preservar la prueba, o incluso darle cualquier consejo o apoyo. El personal había sido amenazado con el despido si la tratarban porque los hospitales querían evitar ofrecer consejo sobre el aborto o la anticoncepción de emergencia (The Local (Germany), 2013).

A las mujeres estadounidenses que sufren un embarazo ectópico o un aborto involuntario se les ha negado el tratamiento de emergencia para salvar su vida en hospitales religiosos afiliados, en violación de las normas médicas aceptadas y las leyes federales (National Women’s Law Center, 2011). Los embarazos ectópicos, en los que el embrión se implanta fuera del útero, pueden poner en peligro la vida de las mujeres. El embarazo no puede preservarse en cualquier circunstancia, por lo que el estándar de atención es administrar inmediatamente el medicamento metotrexato o acabar quirúrgicamente con el embarazo. Pero debido a que el metotrexato también se utiliza para el aborto, los hospitales católicos se niegan a proporcionarlo. En cambio, frecuentemente obligan a las mujeres a esperar hasta que se rompa su trompa de falopio, aumentando el sufrimiento de la mujer y poniendo su vida y su futura fertilidad en grave peligro.

Cuando la OC es invocada por un sistema de salud en nombre de todos sus empleados, es probable que impida el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva mucho más que cuando la OC es invocada por los médicos individuales. En comunidades más pequeñas, los hospitales religiosos suelen ser los únicos, lo que reduce o elimina el acceso a toda una gama de servicios de salud reproductiva (esterilización femenina, anticoncepción de emergencia, aborto, etc.). Esto pone a las mujeres locales en peligro de sufrir innecesarios sufrimientos o incluso de morir si necesitan cuidados reproductivos esenciales (Berer, 2013; Católicos por una Libre Elección, 2003). La religión o las creencias de la mujer son ignoradas por la institución, a pesar de que la tasa de abortos de mujeres católicas en Estados Unidos es la misma que la de las no católicas, y el 98% han usado algún método anticonceptivo prohibido por su Iglesia. Además, la OC institucional sanciona sólo una visión religiosa sectaria, ya que la mayoría de las religiones organizadas, incluyendo el catolicismo, tienen corrientes liberales de pensamiento que apoyan el derecho al aborto en algunos o en la mayoría de los casos (Maguire Daniel, 2001). A pesar de esto, la mayoría de las instituciones afiliadas a la religión que ejercen OC son financiadas públicamente y atienden a comunidades enteras con opiniones diversas. En efecto, las ciudadanas de países con servicios de salud financiados por el gobierno están pagando impuestos para apoyar un sistema discriminatorio que les niega la atención esencial basada en su capacidad de tener hijos.

Una resolución enmendada que permitía la OC institucional fue aprobada en octubre de 2010 en el Consejo de Europa, a través de una serie de tácticas políticas que subvertieron un voto democrático llevadas a cabo por miembros votantes antiabortistas. La resolución original habría proporcionado las primeras recomendaciones oficiales sobre cómo los gobiernos podrían “equilibrar” el derecho de las mujeres a la atención médica requerida con la alegación por parte del personal sanitario de la OC. La corrupta resolución elevó al feto sobre la vida de una mujer, incluso la vida de su familia y otros niños, y esencialmente proporcionaron a los hospitales de Europa una cláusula de escape de ser responsable o financieramente responsable de cualquier negligencia o daño ocasionado a los pacientes (Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 2010). La resolución sigue vigente, aunque las decisiones ulteriores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos relacionados con el aborto (RR c. Polonia, P. y S. v.Poland) trataron de corregir la situación con esta regla oximorónica: “Los Estados están obligados a organizar su sistema sanitario… para garantizar el ejercicio efectivo de la libertad de conciencia por parte de los profesionales de la salud… Esto no impide que las pacientes obtengan acceso a los servicios a los que tienen derecho. . . “(Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2012)

Los marcos internacionales de derechos humanos confirman que el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión es un derecho que sólo los seres humanos individuales pueden disfrutar. En palabras de Christine McCafferty, la ponente de la comisión que elaboró el informe del Consejo de Europa: “… únicamente las personas pueden tener un alma o una conciencia… Las instituciones como los hospitales no pueden, por definición, tener conciencia” (Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 2010)

Fuente: Fiala C, Arthur JH. ‘‘Dishonourable disobedience’’ (“Inmoral desobeciencia”) – Por qué negarse a proporcionar tratamiento en salud reproductiva no es objeción de conciencia. Mujer – Psychosom Gynaecol Obstet (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.woman.2014.03.001

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