Origen y significado de la ‘‘objeción de conciencia’’

Objeción de conciencia (CO) en occidente surgió en el cristianismo como una forma de pacifismo – la creencia de que quitar una vida humana en cualquier circunstancia está mal (Moskos and Whiteclay Chambers, 1993). Aunque todos los objetores de conciencia toman sus posiciones en las bases de la conciencia, sus creencias podrían tener diversas razones religiosas, filosóficas o políticas.

La expresión de objeción de conciencia proviene originariamente de la negativa para realizar el servicio militar obligatorio debido a personales o religiosos motivos morales para no matar. Sin embargo, en los últimos años, el concepto ha sido usado por la profesión médica para negarse a proporcionar servicios con los cuales ellos personalmente discrepan, como la eutanasia, aborto, anticoncepción, esterilización, reproducción asistida u otros servicios de salud – aún y cuando estos servicios son legales y dentro del ámbito de sus cualificaciones y práctica. En concreto, la Iglesia Católica y el movimiento antiabortista se han apropiado del término “objeción de conciencia” para incluir la negativa por parte del personal sanitario a proporcionar o referirse al aborto (y cada vez más, a la anticoncepción), entendiendo que el aborto es asesinato oponiéndose a ello de forma imperativa. Como dijo el Papa Juan Pablo II (Papa Juan Pablo II, 1995): aborto y eutanasia son ambos crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. No hay obligación inconsciente para obedecer estas leyes; en su lugar hay una grave y clara obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. La salud reproductiva está solo en el campo de la medicina donde sociedades de todo el mundo aceptan la libertad de conciencia como un argumento para limitar el derecho del paciente a recibir un tratamiento médico legal.

Sin embargo, CO en medicina está todavía en su gran mayoría sin regular en Europa (al igual que en el resto del mundo) y las violaciones a la misma se producen de forma sistemática (Centro de Derechos Reproductivos, 2010).

Fuente: Fiala C, Arthur JH. ‘‘Dishonourable disobedience’’ (“Inmoral desobeciencia”) – Por qué negarse a proporcionar tratamiento en salud reproductiva no es objeción de conciencia. Mujer – Psychosom Gynaecol Obstet, http://dx.doi.org/10.1016/j.woman.2014.03.001

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OC en el servicio militar vs salud reproductiva

La obligación ética de atender al público es fundamental en la práctica de la medicina, en la profesión jurídica y en la militar. De aquellos que ingresan en estas “profesiones de ayuda” se espera que subordinen sus propios intereses y creencias para servir a los demás, aún y cuando les desagrada o no están de acuerdo (Dickens, 2009). Por ejemplo, los médicos corren el riesgo de infectarse al tratar a sus pacientes, los abogados defienden criminales crueles, y los soldados arriesgan su vida y deben matar a otros cuando van a la guerra. La negativa a matar en una guerra puede ser moralmente justificable, pero como un acto que compromete los objetivos de tu país en la guerra (como el de defensa propia), siendo también considerado socialmente irresponsable e inaceptable. Históricamente, los objetores de conciencia militares eran severamente castigados, normalmente con prisión o incluso ejecución. La mayoría de los países occidentales protegen hoy la OC para el servicio militar, debiendo los objetores justificar su postura, siendo normalmente sometidos a rigurosos procesos de revisión, y son normalmente castigados (Museo Nacional de la Paz, 2006). Al menos, se les imponen otras cargas para compensar su negativa. En cambio, el “derecho” a la OC en salud reproductiva está ampliamente aceptado, aunque negarse a practicar un aborto a una mujer en la difícil situación de un embarazo no deseado tiene consecuencias desfavorables para ella y no para el objetor. No sólo se le niega a la mujer el derecho a su autodeterminación, sino que puede perjudicar a su salud y pueden resultar niños no deseados. Sin embargo, los profesionales de la salud normalmente no tienen la obligación de justificar sus negativas, raramente son sometidos a medidas disciplinarias, mantienen sus puestos, y además su objeción de conciencia está protegida por ley. Los sistemas sanitarios que se niegan a practicar servicios de aborto igualmente no se enfrentan a sanciones ni nacionales ni internacionales, aunque su negativa contribuya significativamente a la mortalidad materna y morbilidad en muchas partes del mundo (Organización Mundial de la Salud, 2011; Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 2008a).

Algunos argumentan que el aborto es un tipo de asesinato (del feto o embrión) y por ello la OC es relevante de la misma manera que en medicina o en las fuerzas armadas. Sin embargo, el asesinato de un ser vivo en la guerra no puede equiparase con la interrupción del desarrollo de saco gestacional o feto. Este último caso es únicamente una posibilidad de convertirse en persona – es aún inseparable y completamente dependiente del cuerpo de la mujer y no un ser humano individual. A los embriones y los fetos casi nunca se les da el mismo estatus legal que a una persona nacida, excepto en unos pocos países como Polonia y Nicaragua donde la Iglesia Católica impone sus doctrinas en el sistema jurídico. Además, el paralelismo alegado en términos de abstenerse de matar se invierte en la OC en salud reproductiva. Aborto y anticoncepción preservan la salud y las vidas de las mujeres, mientras que mediante la OC se ponen las vidas de las mujeres en peligro llegando incluso algunas veces a ocasionar su muerte (Attie / Coldwater Productions, 2005).

OC en un contexto militar es generalmente evocado sólo cuando el servicio militar es obligatorio por ciudadanos que no tienen poder sobre otros. En cambio, los profesionales de la salud no son obligados a ser doctores, enfermeras o farmacéuticos, ni los doctores son obligados a ser ginecólogos. Ellos inician su carrera libremente y posteriormente compiten para obtener formación y puestos, sabiendo de antemano los deberes que se espera de ellos y sus responsabilidades con sus pacientes, los cuales dependen de ellos. Este desequilibrio de poder entre los profesionales de la salud y sus pacientes es inverso al que existe entre soldados y comandantes. La OC sólo puede ser legítima si es ejercitada por personas que no ostentan una posición de poder frente aquellos que sí la tienen, y no cuando quienes la ejercitan son los privilegiados contra personas corrientes quienes confían en ellos para recibir servicios esenciales.

Fuente: Fiala C, Arthur JH. Dishonourable disobedience (“Inmoral desobeciencia”) – Por qué negarse a proporcionar tratamiento en salud reproductiva no es objeción de conciencia. Mujer – Psychosom Gynaecol Obstet (2014),http://dx.doi.org/10.1016/j.woman.2014.03.001

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Conclusiones

Permitir OC en la salud reproductiva, incluso en un grado limitado, crea una contradicción fundamental e injusticia. Los derechos del paciente a la vida y a la seguridad corporal seguramente sobrepasan el derecho del trabajador sanitario a la conciencia, cuya primera obligación es para con sus pacientes, y no para con ellos mismos. El ejercicio de la OC permite a los profesionales médicos en una posición de autoridad abandonar a los pacientes dependientes que están obligados a atender. Los sistemas de salud que prohíben al personal proporcionar servicios de aborto o anticoncepción están permitiendo negar sistemáticamente los servicios de salud a una población vulnerable e ignorar los derechos de conciencia de los prestadores del servicio de aborto, así como de los pacientes. Dado que los pacientes en salud reproductiva son en su gran mayoría mujeres, la OC se eleva al nivel de discriminación de género.

El abuso sistémico de la OC inevitablemente ocurrirá mientras la OC en la salud reproductiva siga siendo tolerada. Las expansiones adicionales de la OC no pueden ni siquiera oponerse con argumentos basados en la evidencia, porque la provisión de asistencia sanitaria ha pasado a depender de creencias religiosas o personales. La negativa del personal sanitario a participar en la atención reproductiva, como la anticoncepción y el aborto, no es “objeción de conciencia”, sino que es un rechazo al tratamiento que debe considerarse poco profesional. Una sociedad justa y un sistema médico basado en la evidencia deben considerarlo como «desobediencia deshonrosa», una violación ética que debe ser manejada de la misma manera que cualquier otra negligencia profesional o mala praxis, o una incapacidad mental para realizar sus deberes. A menos que los trabajadores sean capaces de adoptar una actitud de distancia profesional que les permita ofrecer la atención médica necesaria con la que personalmente no están de acuerdo, deben abandonar el campo de la salud reproductiva o no involucrarse en ella en absoluto. De hecho, esas dos opciones representan el único ejercicio honesto de la OC en medicina.

La aceptación por parte del estado de la OC en salud reproductiva contraviene el derecho legal de las mujeres a acceder a los servicios de salud. Como tal, la OC puede ser vista como un intento de recuperar la legalidad del aborto (y la anticoncepción) y devolver a las mujeres a su tradicional deber de producir soldados y ciudadanos para el estado. Al manipular a las mujeres para que continúen un embarazo no deseado en contra de sus intereses, el ejercicio de la OC socava la autodeterminación y la libertad de las mujeres y arriesga su salud y sus vidas. Como tal, no tiene cabida en una sociedad democrática.

Fuente: Fiala C, Arthur JH. Dishonourable disobedience (“Inmoral desobeciencia”) – Por qué negarse a proporcionar tratamiento en salud reproductiva no es objeción de conciencia. Mujer – Psychosom Gynaecol Obstet (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.woman.2014.03.001

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