Lucía (2019) – Argentina

A una víctima de violación de 11 años se le negó su derecho al aborto y se vio obligada a dar a luz por cesárea.

“Lucía” de 11 años de edad, víctima de violación por la pareja de 65 años de su abuela, se vio obligada a dar a luz en la provincia de Tucumán, Argentina, el 26 de febrero de 2019, después de que las autoridades y los médicos le negaran un aborto durante casi cinco semanas. Lucia y su madre habían solicitado repetidamente un aborto durante este tiempo, pero sus solicitudes fueron rechazadas y demoradas repetidamente. La niña había rogado a los funcionarios que “quitenme lo que el viejo puso dentro de mí”. El aborto es legal en Argentina en casos de violación, cuando la mujer tiene una discapacidad mental o si existe un grave riesgo para su salud. Lucía claramente cumplía los requerimientos exigidos para poder acceder a un aborto legal por dos de estos motivos, ya que su pequeño tamaño hacía que estar embarazada fuera muy arriesgado.

Lucia también había intentado suicidarse dos veces al enterarse de su embarazo a fines de enero. Fue hospitalizada como resultado de aparentes lesiones autoinfligidas. Un flujo constante de personas, incluidos un sacerdote y funcionarios del gobierno, llegaron al hospital en febrero para obligar a Lucía a dar a luz. El sacerdote incluso intentó sobornar a la madre de Lucía ofreciéndole comprarle el bebé.

En su semana 23 de embarazo, se emitió una orden judicial otorgando permiso para el aborto de Lucía, a pesar de que la ley no requiere intervención judicial. Pero varios médicos del Hospital Eva Perón se negaron a realizar el aborto, ejerciendo su “derecho” a la objeción de conciencia. Otros dos médicos intervinieron y realizaron una cesárea “micro”, decidiendo que un aborto era demasiado arriesgado para la niña debido a su pequeño tamaño y al hecho de que padecía hipertensión. (El bebé fue extraído con vida pero murió 10 días después). Los dos médicos que hicieron la cesárea estaban enojados por la politización del caso de Lucía.

Las activistas por los derechos de las mujeres también citaron razones políticas para la violación sistemática de los derechos de las niñas, porque el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, usó a Lucía para impulsar una agenda política. El Secretario de Salud de la provincia, Gustavo Vigliocco, afirmó estar involucrado personalmente y que la niña quería continuar con su embarazo, también alegando falsamente que él mismo “no puede no tomar ninguna decisión”. Uno de los médicos que realizó la cesárea, Dr. Cecilia Ousset , dijo: “Le salvamos la vida a una niña de 11 años que fue torturada durante un mes por el sistema de salud provincial. Por razones electorales, [las autoridades] impidieron la interrupción legal del embarazo y obligaron a la niña a dar a luz “. La activista feminista Mariana Carbajal dijo que el gobierno trató a Lucía” como un receptáculo, como una incubadora “.

A partir de abril de 2019, se están preparando múltiples casos en nombre de Lucía y su familia. Soledad Deza, abogada de Catholics for the Right to Decide, ha pedido al estado que investigue al ministro de salud provincial, al jefe del sistema de salud, al director del hospital Eva Perón y al médico de Lucía en el hospital, por participar en “Una cadena de obstrucción y barreras para retrasar” el aborto. La familia quiere que sean condenados por sus crímenes.

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