Impactos de la OC sobre la autonomía de las mujeres y los derechos humanos

El aborto es una intervención de salud necesaria, así como altamente ético. Las mujeres con embarazos deseados pueden experimentar serias complicaciones médicas o fetales hasta el punto en que el aborto se convierte en el ”estándar de atención” – un servicio médicamente requerido y basado en evidencia que cualquier profesional debería facilitar. La OC socava el estándar de atención al prevenir que los pacientes reciban información precisa e imparcial sobre sus opciones de tratamiento e inhibiendo su capacidad para acceder a dicho cuidado (Weitz y Berke Fogel, 2010).

La terminación del embarazo no deseado es ética porque las mujeres lo hacen sólo si no ven ninguna manera responsable de cuidar a ese niño potencial. Protege a sus familias y su futuro, ya que las mujeres pueden tener hijos que apenas pueden permitirse cuidar, o pueden querer retrasar a su primer hijo hasta que terminen la escuela (Finer et al., 2008). Su decisión está bien pensada y basada en circunstancias personales que sólo ellos pueden valorar plenamente. Una vez que se toma la decisión de terminar, la mayoría de las mujeres se esforzará por llevarlo a cabo, independientemente de la ley o el riesgo para su seguridad. A nivel mundial, el 40% de todos los embarazos son no deseados (Guttmacher Institute, 2011). Más de la cuarta parte de todas las mujeres embarazadas tendrán un aborto o un parto no deseado (Koyama y Williams, 2005), pero el 49% de los 43,8 millones de abortos que ocurren cada año son inseguros y en su mayoría ilegales (Sedgh et al., 2012). Unas 47.000 mujeres mueren anualmente por abortos inseguros (Shah y Ahman, 2010) y 8.5 millones resultan heridas (Guttmacher Institute, 2010). Esta es la razón por la cual la legalización del aborto tiene un impacto dramático en cuanto a salvar la vida de las mujeres y la mejora de su salud, fenómeno que ha sido demostrado en docenas de países durante las últimas décadas. A nivel internacional, las mujeres han consolidado sus derechos humanos y la igualdad constitucional en la mayoría de los países occidentales, y el ejercicio de la OC infringe esos derechos. El acceso al aborto (y la anticoncepción) libera a las mujeres para tener una educación y una carrera y para participar plenamente en la vida pública, promoviendo así su igualdad, libertad y otros derechos humanos. Permite a las mujeres planificar y asistir mejor a sus familias (más de la mitad de las mujeres que solicitan un aborto ya tienen al menos un hijo (Guttmacher Institute, 2013b)), lo que también beneficia a toda la comunidad y la sociedad. Los nacimientos de niños no deseados pueden ser perjudiciales para las mujeres a las que se les negó el aborto (ya sus familias), lo que conduce a un mayor riesgo de pobreza, complicaciones de salud y violencia doméstica (Foster et al., 2012). Los niños no deseados tienen un mayor riesgo de sufrir disfunciones durante toda su vida, incluyendo abusos o abandono, desventajas emocionales y retrasos de desarrollo intelectual y educativo (Arthur, 1999; David, 2011).

Además, la decisión de abortar está estrechamente vinculada a circunstancias sociales y económicas, y el apoyo o el desamparo de las sociedades en que viven las mujeres. Las mujeres tienen más probabilidades de experimentar un embarazo no deseado y buscar el aborto si son adolescentes, con escasos recursos, o si tienen vidas caóticas o una pareja que abusa de ellas, o tienen un acceso restringido a la anticoncepción (Major et al., 2009).

Históricamente, uno de los principales objetivos de los viejos gobiernos era aumentar su población, con poca o ninguna consideración por la calidad de vida de las mujeres y sus hijos. Las antiguas monarquías, dictaduras y países beligerantes querían que los soldados aumentaran sus imperios y sirvieran de carne de cañón (Museo de la Contracepción y el Aborto, 1916). Este conflicto fundamental entre el Estado y el individuo dio lugar a leyes en casi todos los países que esencialmente obligaban a las mujeres a tener más hijos de lo que querían. En el último siglo se han hecho muchos progresos, con muchos países liberalizando sus leyes de aborto. En 2010, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud pidió la despenalización inmediata del aborto en todo el mundo porque las restricciones legales tenían efectos discriminatorios y estigmatizantes y violaban el derecho a la salud al conllevar muertes y lesiones prevenibles). Canadá ya derogó completamente su ley en 1988 y nunca la reemplazó, demostrando que las leyes de aborto penal son innecesarias y contraproducentes. La Corte Suprema de Canadá dijo: “Forzar a una mujer, por medio de una amenaza de sanción penal, a llevar un feto a término a menos que cumpla ciertos criterios ajenos a sus propias prioridades y aspiraciones, es una profunda interferencia con el cuerpo de una mujer y la su seguridad de su persona” (Coalición de Derechos del Aborto de Canadá, 2013).

Actualmente en los países occidentales, el movimiento antiabortista quiere que las mujeres tengan hijos para revertir la disminución de los niveles de población y mitigar los efectos de un envejecimiento demográfico. La invocación de la OC es una estrategia para lograr este objetivo. Pero la historia proporciona una amplia evidencia de la ineficacia de tales estrategias restrictivas y las consecuencias catastróficas que conllevan. Quizás el más conocido “experimento social” tuvo lugar en Rumanía entre 1966 y 1990. El ex dictador Nicolae Ceausescu decidió aumentar la población criminalizando la anticoncepción y el aborto. Las mujeres fueron incluso sometidas a exámenes ginecológicos regulares para detectar cualquier embarazo. Pero las redes clandestinas de abortos se multiplicaron (como ocurre en cualquier sociedad donde el aborto está prohibido), y en el transcurso de 20 años, unas 10.000 mujeres murieron innecesariamente como consecuencia de abortos ilegales. Como consecuencia de muchos embarazos no deseados llevados a término, los orfanatos estatales fueron abrumados con decenas de miles de niños abandonados cada año, la mayoría de los cuales terminó viviendo en la calle (Embajada de los Estados Unidos, 2001, Westend Film + TV Produktion, 2004)

Las objeciones antiabortistas se basan en una negación de esta evidencia y experiencia histórica. La provisión de un aborto seguro y legal es un interés público vital que niega cualquier motivo para la OC.

Fuente: Fiala C, Arthur JH. ‘‘Dishonourable disobedience’’ (“Inmoral desobeciencia”) – Por qué negarse a proporcionar tratamiento en salud reproductiva no es objeción de conciencia. Mujer – Psychosom Gynaecol Obstet (2014),http://dx.doi.org/10.1016/j.woman.2014.03.001