Impactos de la OC en la atención sanitaria de la mujer

Debido a que la salud reproductiva se proporciona en gran medida a las mujeres, la OC en este campo tiene implicaciones en los derechos humanos de las mujeres y constituye objeto de discriminación. A menudo se espera que las mujeres desempeñen el papel de maternidad, por lo que frecuentemente se encuentran con ignorancia, desaprobación o incluso hostilidad cuando solicitan el aborto. En estas circunstancias, el ejercicio de la OC se convierte en una iniciativa paternalista para obligar a las mujeres a dar a luz.

Los rechazos para facilitar anticoncepción de emergencia también obligan a las mujeres a enfrentarse a embarazos no deseados, y las referencias a otras farmacias pueden causar retrasos que reducen la efectividad de la medicación. Las recetas para el control de la natalidad o anticoncepción de emergencia han sido rechazadas por los farmacéuticos antiabortistas en Estados Unidos (Planned Parenthood (Afiliados de New Jersey), 2005) y ocasionalmente en otros países como Reino Unido (Brooke, 2010) y Nueva Zelanda (Sparrow, 2012). Al menos seis estados de Estados Unidos permiten explícitamente a los farmacéuticos negarse a dispensar la anticoncepción (Guttmacher Institute, 2013a). Al igual que con el aborto, la negativa a dispensar la anticoncepción no es un mero inconveniente para las mujeres, sino que causa un daño real a su autonomía reproductiva, su sentido de seguridad y su identidad moral como personas que merecen ser tratadas respetuosamente cuando solicitan servicios de salud sexual y reproductiva (McLeod, 2010). Los enfrentamientos públicos con los farmacéuticos objetantes comprometen la confidencialidad del paciente y pueden avergonzar o humillar a las mujeres.

La presunción de que sólo una pequeña minoría de profesionales de la salud ejercerá OC y que otros estarán disponibles para realizar el servicio médico coloca OC limitada sobre una base de arena cambiante, revelando aún más su naturaleza contradictoria y peligrosa. De hecho, la OC puede llegar a ser bastante generalizada, dejando a las mujeres sin acceso a servicios en regiones enteras. En Italia, el 69% de todos los ginecólogos se niegan a practicar abortos, con una cifra que supera el 80% en algunas regiones (Ministerio de Sanidad de Italia, 2007-2008).
En Austria, los proveedores de aborto deben viajar de Viena a Salzburgo una vez a la semana para practicar abortos en un hospital público, debido a que los ginecólogos de la región invocaron la CO tras la intensa presión de la Iglesia Católica y los grupos antiabortistas. El aborto no está disponible en otras partes de Salzburgo o en el condado circundante (Fiala, 2013).

El ejemplo de Sudáfrica es una lección importante en la naturaleza antidemocrática de la OC y el impacto negativo que puede tener sobre las mujeres. El aborto fue ilegal durante el Apartheid, y una de las primeras acciones del recién elegido gobierno democrático fue legalizar el aborto para mejorar la salud de la mujer (en 1996). Pero los grupos religiosos montaron campañas contra el aborto que redujeron significativamente el número de proveedores dispuestos. Como resultado, la mayoría de los profesionales de la salud que deberían ser responsables de realizar abortos se niegan a participar. Debido a la laxitud otorgada a la OC en Sudáfrica, casi un tercio de las mujeres sudafricanas creen que el aborto todavía está prohibido, los abortos ilegales parecen ser más comunes que los legales (van Bogaert, 2002) y las mujeres que acuden a los hospitales públicos con complicaciones son a menudo maltratadas y avergonzadas (SANGONeT, 2012).

En los países con una minoría de médicos antiabortistas, las mujeres pueden sufrir dificultades que van más alla de un breve retraso y un menor inconveniente, incluso si el médico hace una derivación. Las mujeres pueden cargar con costes adicionales, como por ejemplo en viajes o guarderías, y la necesidad de coger más tiempo libre en su trabajo si necesitan encontrar y llegar a otro médico o clínica. El retraso en el acceso al aborto también puede ocacionar una morbilidad significativa. Esperar más semanas o incluso meses para el procedimiento aumenta el riesgo médico de aborto y puede requerir un método más complicado (por ejemplo, dilatación y curetaje en lugar de por succión) (Cheng, 2008). Además, el retraso puede acarrear síntomas debilitantes como náuseas severas y trastornos psicológicos de un embarazo en desarrollo que desean terminar. También pueden necesitar ocultar el embarazo de los empleadores, amigos y miembros de la familia.

Las mujeres de bajos ingresos y provenientes de entornos rurales resultan las más afectadas por el ejercicio de la OC, ya que esas mujeres pueden no tener recursos para buscar servicios en otros lugares. También afecta desproporcionadamente a las mujeres pertenecientes a minorías étnicas y a las mujeres que sufren violencia por parte de su pareja o violación sexual, que tienen el doble de probabilidades de necesitar servicios de aborto que las mujeres que no experimentan tal violencia (Organización Mundial de la Salud, 2013).

Por último, permitir la OC en el aborto ignora las realidades del acceso deficiente al aborto y el impacto negativo de permitir la OC en ese ambiente. El aborto es probablemente el procedimiento médico más restringido en el mundo, a pesar de ser uno de los más comunes – y uno que sólo las mujeres necesitan, a menudo desesperadamente. En este contexto, los gobiernos y los sistemas de salud tienen una obligación aún mayor de garantizar que el aborto esté totalmente disponible y sea accesible. En cambio, el aborto es frecuentemente señalado como el principal o único objetivo de la OC en muchos países, reduciendo aún más el acceso.

Fuente: Fiala C, Arthur JH. ‘‘Dishonourable disobedience’’ (“Inmoral desobeciencia”) – Por qué negarse a proporcionar tratamiento en salud reproductiva no es objeción de conciencia. Mujer – Psychosom Gynaecol Obstet (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.woman.2014.03.001