OC en el servicio militar vs salud reproductiva
La obligación ética de atender al público es fundamental en la práctica de la medicina, en la profesión jurídica y en la militar. De aquellos que ingresan en estas “profesiones de ayuda” se espera que subordinen sus propios intereses y creencias para servir a los demás, aún y cuando les desagrada o no están de acuerdo (Dickens, 2009). Por ejemplo, los médicos corren el riesgo de infectarse al tratar a sus pacientes, los abogados defienden criminales crueles, y los soldados arriesgan su vida y deben matar a otros cuando van a la guerra. La negativa a matar en una guerra puede ser moralmente justificable, pero como un acto que compromete los objetivos de tu país en la guerra (como el de defensa propia), siendo también considerado socialmente irresponsable e inaceptable. Históricamente, los objetores de conciencia militares eran severamente castigados, normalmente con prisión o incluso ejecución. La mayoría de los países occidentales protegen hoy la OC para el servicio militar, debiendo los objetores justificar su postura, siendo normalmente sometidos a rigurosos procesos de revisión, y son normalmente castigados (Museo Nacional de la Paz, 2006). Al menos, se les imponen otras cargas para compensar su negativa. En cambio, el “derecho” a la OC en salud reproductiva está ampliamente aceptado, aunque negarse a practicar un aborto a una mujer en la difícil situación de un embarazo no deseado tiene consecuencias desfavorables para ella y no para el objetor. No sólo se le niega a la mujer el derecho a su autodeterminación, sino que puede perjudicar a su salud y pueden resultar niños no deseados. Sin embargo, los profesionales de la salud normalmente no tienen la obligación de justificar sus negativas, raramente son sometidos a medidas disciplinarias, mantienen sus puestos, y además su objeción de conciencia está protegida por ley. Los sistemas sanitarios que se niegan a practicar servicios de aborto igualmente no se enfrentan a sanciones ni nacionales ni internacionales, aunque su negativa contribuya significativamente a la mortalidad materna y morbilidad en muchas partes del mundo (Organización Mundial de la Salud, 2011; Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 2008a).
Algunos argumentan que el aborto es un tipo de asesinato (del feto o embrión) y por ello la OC es relevante de la misma manera que en medicina o en las fuerzas armadas. Sin embargo, el asesinato de un ser vivo en la guerra no puede equiparase con la interrupción del desarrollo de saco gestacional o feto. Este último caso es únicamente una posibilidad de convertirse en persona – es aún inseparable y completamente dependiente del cuerpo de la mujer y no un ser humano individual. A los embriones y los fetos casi nunca se les da el mismo estatus legal que a una persona nacida, excepto en unos pocos países como Polonia y Nicaragua donde la Iglesia Católica impone sus doctrinas en el sistema jurídico. Además, el paralelismo alegado en términos de abstenerse de matar se invierte en la OC en salud reproductiva. Aborto y anticoncepción preservan la salud y las vidas de las mujeres, mientras que mediante la OC se ponen las vidas de las mujeres en peligro llegando incluso algunas veces a ocasionar su muerte (Attie / Coldwater Productions, 2005).
OC en un contexto militar es generalmente evocado sólo cuando el servicio militar es obligatorio por ciudadanos que no tienen poder sobre otros. En cambio, los profesionales de la salud no son obligados a ser doctores, enfermeras o farmacéuticos, ni los doctores son obligados a ser ginecólogos. Ellos inician su carrera libremente y posteriormente compiten para obtener formación y puestos, sabiendo de antemano los deberes que se espera de ellos y sus responsabilidades con sus pacientes, los cuales dependen de ellos. Este desequilibrio de poder entre los profesionales de la salud y sus pacientes es inverso al que existe entre soldados y comandantes. La OC sólo puede ser legítima si es ejercitada por personas que no ostentan una posición de poder frente aquellos que sí la tienen, y no cuando quienes la ejercitan son los privilegiados contra personas corrientes quienes confían en ellos para recibir servicios esenciales.
Fuente: Fiala C, Arthur JH. Dishonourable disobedience (“Inmoral desobeciencia”) – Por qué negarse a proporcionar tratamiento en salud reproductiva no es objeción de conciencia. Mujer – Psychosom Gynaecol Obstet (2014),http://dx.doi.org/10.1016/j.woman.2014.03.001